Organizada por la UB y Familia Torres, expertos y activistas replantean la economía global y analizan la crisis desde ópticas diversas, de los refugiados climáticos a la acción de los tribunales.
La Universitat de Barcelona ha vuelto a acoger la Jornada Ambiental que organiza junto con Familia Torres y el meteorólogo Tomàs Molina, doctor en Comunicación y profesor asociado al departamento de Física Aplicada de la UB. En esta decimotercera edición, celebrada el martes, 4 de junio, se ha propuesto debatir sobre justicia ambiental y repensar el capitalismo para evitar el colapso, replanteando el modelo económico global y proponiendo acciones urgentes. Las ideas expuestas, tanto por activistas como por expertos, han mostrado algunas herramientas de las que disponemos para detener una crisis sin precedentes.
Una cita obligada donde academia y sociedad se encuentran en un debate imprescindible
El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha abierto esta «cita obligada» en un momento donde «la ciencia es discutida y negada», una situación que agrava aún más el problema. Tomás Molina, conductor de la jornada, ha destacado el «debate social», donde la academia «ve el punto de vista de la sociedad» en conceptos como «justicia» y «repensar el capitalismo».
El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, ha insistido en la necesidad de «seguir luchando» a pesar de reconocer que «es difícil» porque los responsables políticos «no nos escuchan». El petróleo «todavía está subvencionado», se consumen cantidades ingentes cada día y los plásticos son omnipresentes. «Me preocupan las próximas generaciones», ha reconocido. «¿Qué mundo dejaremos? Deberíamos haber sido más radicales».
La desigualdad y la violencia estructural son la base de la crisis
David Liozain, director general de Análisis y Prospectiva Económica de la Generalitat de Catalunya y autor del libro Crimen climático, ha abierto las ponencias hablando del carácter estructural de la violencia. La orden post-Segunda Guerra Mundial «basaba el desarrollo en los combustibles fósiles» y las desigualdades y la inestabilidad –hambre, guerra, pestilencia y muerte, «los Cuatro Jinetes del Apocalipsis»– son a la vez «causa y consecuencia» de una la crisis climática donde «los principales responsables son quien menos sufre sus consecuencias y quien menos responsabilidad tiene es quien las sufre más». En el momento actual, sin embargo, en que sus costes económicos la hacen inasumible, está la oportunidad de una gran coalición, de los ciudadanos a grandes empresas y Estados. «Un orden sostenible», ha resumido, «sólo se puede construir sobre la descarbonización».
En la misma línea, el biólogo y antropólogo Miguel Pajares ha recordado que hay 304 millones de migrantes en el mundo y que eso no incluye a los desplazados internos. Aunque el número no crece alarmantemente, la proporción de refugiados sí, y ya son uno de cada
seis. A pesar de que, como ha apuntado, los desplazamientos causados por los desastres climáticos «no se consideran forzados» y no entran dentro de esta categoría. Todo ello es responsabilidad de los países que emiten más gases de efecto invernadero, que hace 40 años que conocen la situación y han tomado pocas medidas. Así pues, ha concluido, estas «víctimas de la inacción de los gobiernos» deberían ser consideradas refugiadas y protegidas, ya que las causas de su migración «son claramente políticas».
La crisis climática vista desde la ley y los tribunales
La catedrática de Derecho Internacional Público de la UB y especialista en derecho comunitario del medio ambiente Mar Campins ha introducido la óptica legal definiendo la «justicia climática». Se fundamenta en las justicias distributiva –repartir cargas y beneficios– y procesal –democratizando la toma de decisiones– y también en el reconocimiento y respeto de las culturas y perspectivas del mundo. Estos criterios, presentes en el Acuerdo de París, son claves para paliar los efectos del cambio climático que sufren quienes menos responsabilidad tienen y, precisamente, para determinar estas responsabilidades. Es necesario, sin embargo, desarrollar más esta herramienta para hacerla realmente efectiva.
El experto en derecho ambiental internacional Francesco Sindico, por su parte, ha profundizado en la cuestión. El «tecnocapitalismo sin normas», nos lleva al colapso, y los tribunales pueden actuar ante empresas que contribuyen al cambio climático. Hay ejemplos de éxito cuando menos parcial: se pueden frenar proyectos y empresas intensivos en emisiones, y «la sociedad civil está usando los tribunales de manera estratégica» en este sentido. Que los jueces vayan contra políticas de gobiernos democráticos puede ser delicado, sin embargo, hay que hacerlo cuando «abusan de su poder». No obstante, la ley puede frenar los efectos negativos del capitalismo y el cambio climático, pero el cambio global es un proyecto social y político donde los tribunales sólo pueden ayudar y «ganar tiempo».
¿Cómo debería cambiar la economía global?
Jordi Roca, catedrático de Economía de la UB y especialista en economía ecológica, ha defendido un cambio de paradigma para frenar la deriva actual, repensando indicadores de riqueza como el PIB y centrándonos en analizar las condiciones de vida de las personas y el respeto por el planeta. Por su parte Raimon Puigjaner, CEO de R4S y presidente de B Lab Spain, ha apostado por nuevos modelos empresariales que incluyan la sostenibilidad, un valor que puede «impulsar la innovación y generar nuevas oportunidades de negocio» y vinculen la prosperidad con la salud del planeta. La concentración de la riqueza y el aumento de las desigualdades, ha dicho, tienen consecuencias terribles para el desarrollo sostenible y la cohesión social, pero eso son «argumentos morales» con menos fuerza a la hora de impulsar a los agentes económicos que «integrar los riesgos y oportunidades de la sostenibilidad» teniendo en cuenta los valores de los consumidores y la presión que pueden hacer sobre empresas e inversores.
El concepto de justicia social y climática, un elemento central para el futuro
La XIII Jornada Ambiental ha cerrado con una mesa redonda sobre los conceptos de justicia social y climática, donde han intervenido Clàudia Custodio (Observatorio de la Deuda en la Globalización), Xavier López (Fundación Solidaridad UB), Dolors Camats (Fundación Catalunya Europa) y Carlos García Paret (Greenpeace). Entre los puntos donde ha habido más acuerdo destacan la identificación de responsables de la crisis para que compensen a los más perjudicados, la autonomía de las comunidades para decidir libremente sobre la gestión de sus recursos, el papel de la justicia al servicio de la gobernanza democrática para evitar las desigualdades y la necesidad de redirigir las subvenciones públicas nocivas para el medio ambiente hacia usos más sostenibles.
La clausura del acto, donde han asistido más de un centenar de personas y se ha podido seguir en directo a través del canal de YouTube de la UB, ha corrido a cargo del vicerrector adjunto al rector Ernest Abadal, acompañado de Miguel A. Torres y Tomàs Molina.