- El documento es fruto de la jornada "Sobrerregulación en el Sector Agroalimentario", organizada por el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad (GIS), que reunió a representantes de toda la cadena para consensuar propuestas de regulación más inteligente y aplicable.
- Entre las principales preocupaciones destacan la carga desproporcionada que soportan pymes y pequeños productores, los largos plazos administrativos y las diferencias normativas entre comunidades autónomas, que están lastrando la inversión y poniendo en riesgo la continuidad de muchas explotaciones.
El Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad (GIS) celebró recientemente la Jornada "Sobrerregulación en el Sector Agroalimentario", en la que representantes de toda la cadena -productores, industria y distribución- coincidieron en un diagnóstico claro: la sobrerregulación se ha convertido en uno de los principales riesgos estructurales para la competitividad, la inversión y la supervivencia del sector en España y en Europa.
Durante la jornada se insistió en que la regulación es imprescindible, pero que la acumulación de normas, su complejidad y la falta de coherencia entre los diferentes niveles administrativos están generando costes crecientes, inseguridad jurídica y pérdida de competitividad.
Un decálogo para una regulación más inteligente y eficaz
Como resultado de la jornada, se ha elaborado un "Decálogo para afrontar la sobrerregulación" y avanzar hacia una regulación más eficiente, proporcionada y basada en el riesgo real, que será trasladado a asociaciones sectoriales, a las Administraciones públicas y, posteriormente, a las instituciones europeas.
Entre las principales líneas de actuación recogidas en este documento se plantea la necesidad de establecer un marco de regulación "inteligente" y no acumulativa, basado en normas lógicas, aplicables y coherentes, que eviten la suma indiscriminada de requisitos. Se propone también implantar una evaluación de impacto previa, obligatoria y pública, que analice la proporcionalidad, el coste-beneficio y la aplicabilidad real de cada nueva norma antes de su aprobación, así como garantizar la coherencia normativa entre departamentos y administraciones, coordinando a los organismos responsables de salud, medio ambiente, agricultura, consumo o transición ecológica.
Otro eje fundamental es la reducción de la burocracia y de los tiempos administrativos, mediante la agilización de procedimientos, la simplificación de trámites y una digitalización útil que facilite la actividad de empresas y productores. El documento insiste igualmente en la importancia de reforzar la competitividad del sector, evitando que la regulación incremente los costes, reduzca la oferta y termine trasladándose al precio final que paga el consumidor.
El enfoque del decálogo apuesta por evitar la ideologización de la normativa y priorizar los criterios técnicos, la ciencia y la evidencia disponible en la toma de decisiones. En esta línea, se propone un enfoque regulatorio basado en el riesgo real, que sustituya la lógica centrada solo en el peligro teórico y tenga en cuenta los avances tecnológicos y las medidas de mitigación que ya se aplican en la cadena alimentaria.
Asimismo, se subraya la conveniencia de adaptar la carga normativa a la realidad de las pymes y los pequeños productores, de forma que no queden fuera del sistema por un exceso de obligaciones difícilmente asumible. El decálogo pone también el acento en la armonización de las normativas entre comunidades autónomas, con el fin de reducir diferencias internas que complican el cumplimiento para las empresas con presencia en varios territorios.
Finalmente, se propone la creación de un grupo permanente de trabajo entre el GIS, el sector y la Administración, destinado a coordinar reformas, priorizar necesidades y trasladar propuestas de manera ordenada al Gobierno y a las instituciones europeas. Este espacio de diálogo se concibe como una herramienta clave para avanzar hacia un marco regulatorio más inteligente, coherente, evaluado y aplicable.
En conjunto, la simplificación normativa se perfila como una auténtica condición de supervivencia para el sector agroalimentario. Desde la cadena alimentaria se plantea la necesidad de trabajar de forma conjunta para explicar a la sociedad el impacto real de la sobrerregulación en los precios, en la oferta y en la viabilidad de miles de explotaciones y empresas, con un objetivo compartido: regulación sí, pero una regulación que funcione, que proteja al consumidor y al entorno, y que al mismo tiempo permita a los productores, a la industria y a la distribución seguir siendo competitivos, innovadores y sostenibles en el medio y largo plazo.